En el quinto país con la mayor tasa de incidencia de feminicidios de la región hasta el 7 de agosto se registraron 24 asesinatos de mujeres por cuestiones de género. La cuarentena concluyó con 16 feminicidios, pero la cifra podría ser mayor por la falta de tipificación de este delito.
Parientes de víctimas, temen que agresor les quite la vida
SANTO DOMINGO.- Parientes de las víctimas temen que Rubén Darío Jiménez Pérez, quien asesinó a su expareja, la madre, el padre y cuñado, temen arremeta contra ellos durante el velatorio, cuando le den el último adiós que se realizará en Las Yaya de Azua, ya que amenaza con matarlos.
Jiménez Pérez emprendió la huida luego de quitarle la vida a su expareja Leydi Vicente, a la madre Ofelia Vicente, al padre Ángel Vicente y al cuñado Henry, mientras la hermana de la víctima, Orlyn Vicente está en el Hospital Darío Contreras.
El agresor posee varios vehículos, que de acuerdo a familiares de las víctimas se puede camuflajear para matarlos.
Policías matan hombre que asesinó a cuatro miembros de una familia
- Durante un tiroteo en una cabaña en San Isidro, Santo Domingo Este
Miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim) mataron hace un momento al joven Rubén Darío Jiménez, quien mató la semana pasada a cuatro miembros de una familia, incluida a su expareja.
Jiménez murió a tiros en la cabaña Presidente ubicada en la carretera de San Isidro en Santo Domingo Este.
Rubén Darío Jiménez era buscado por la muerte de Leyda Esmerlin Vicente Sánchez, de 25 años; Ángel Robert Vicente Montaño, de 52; Mercedes Orfelina Sánchez Suszo, de 50 y Henrry Antonio Féliz Gómez, de 47 el pasado nueve de noviembre en el sector Brisas del Edén, Santo Domingo Este, hecho en que también hirió de bala a Orlin Macier Vicente Sánchez, de 26.
El pasado sábado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había anunciado que se encontraban muy avanzadas las gestiones para la entrega de Rubén Darío y que la misma se produciría en las próximas horas.
Familiares de joven asesinada en La Yuca de Naco exigen justicia tres años después
- Temen que un día Alexander Sánchez intente llevarse a la niña que procreó junto a la víctima
Cuando casi se cumplen tres años del asesinato de la joven Yareimy Massiel Féliz Rosa, en el sector La Yuca de Naco, en el Distrito Nacional, su expareja, Alexander Sánchez, sigue prófugo de las autoridades, mientras que los familiares de la víctima suplican por justicia.
“Esta rueda de prensa es para hacerle un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, al jefe de la Policía Nacional y a la Procuraduría General de que ahora es la oportunidad de agarrar a Alexander Sánchez”, dijo José Daniel Féliz Flete (Coco), padre de la víctima, quien tras su muerte dejó una niña en la orfandad, que ahora él cuida.
“Tenemos informaciones de que Alexander Sánchez está viviendo en Santiago y está bien protegido por su familia”, indicó el padre de Yareimy.
El 17 de diciembre 2017, Alexander Sánchez invitó a Yareimy Féliz Rosa a su casa, donde residía con su madre, la cual no se encontraba y, tras golpearla por celos, la estranguló, resaltan artículos periodísticos.
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En agosto de 2019, la madre de la malograda joven, Brunilda de la Rosa Frías, cayó en un profundo sufrimiento que más tarde le degeneró en un infarto que le provocó la muerte.
“Nosotros, en estos tres años, nos hemos tirado a las calles, íbamos a la Policía, y era igual que ir a ningún sitio. Ellos ya olvidaron este caso”, lamentó Martina Flete, abuela de la joven Yareimy.
Elizabeth Féliz, tía de la víctima, expresó que las autoridades nunca les han entregado la orden de apresamiento del victimario.
“Queremos que las autoridades nos digan cuáles son las gestiones que ha hecho la familia del asesino, para que este esté suelto aún”, precisó.
Dijo que, la niña dejada en la orfandad por Yareimy, pregunta por su madre y que aún ante los inconvenientes ellos tratan de mantener el espíritu de su madre vivo.
La familia también teme de que un día Alexander Sánchez intente llevarse a la niña que procreó junto a su víctima.
Manifestaron que, en esta semana se presentó un joven preguntado por la infante y que en un momento el padre de la infante intentó conseguir una hebra de cabello de la menor, para hacerle una prueba de ADN.
En noviembre de 2019 la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que ese año se había registrado la tasa más baja de feminicidios de los últimos catorce años y cerró el año con un registro de 77 feminicidios.
Sin embargo, apenas el 2020 había empezado en República Dominicana se registraron un intento y tres feminicidios: Nelsin (de origen venezolano), Angelita (46 años) y Yajaira (25 años) perdieron la vida el 1 de enero de 2020 a causa de la violencia machista. Aunque al inicio, la prensa dominicana reportó que la cifra de mujeres asesinadas el primer día del año era de cuatro, la cadena CDN aclaró que la muerte de Cleury de Olmo no había sido a manos de su pareja sentimental, como se especuló en redes sociales y los medios replicaron. La mujer de 27 años, según información entregada por sus familiares, habría fallecido por una preeclampsia debido a su estado de gestación.
Pocos meses después de iniciado el año y con un registro de 8 mujeres asesinadas (entre enero y febrero) producto de la violencia machista en el país, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 11 de marzo de 2020, el inicio de la pandemia provocada por el SARS-CoV2. La mayoría de los países del mundo decretaron estado de emergencia a causa del alarmante incremento de casos de contagios de la covid-19 en tan poco tiempo. República Dominicana no fue la excepción y sus autoridades decretaron el inicio de la cuarentena el 19 de marzo de 2020.
Los países consideraron que la aplicación de medidas restrictivas, ante el aparecimiento de una enfermedad nunca antes vista, era la única posibilidad para frenar y reducir los contagios. Sin embargo, aunque estas medidas podrían haber resultado efectivas para ese fin, para las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género los hogares se convirtieron en sitios inseguros debido a la aplicación de medidas restrictivas sin perspectiva de género.
El aislamiento obligatorio, las restricciones de movilidad y la disminución de servicios esenciales a causa de la pandemia son medidas que obligan a las mujeres a permanecer encerradas con sus maltratadores y aumenta las posibilidades de que sufran violencia o sean asesinadas. En la República Dominicana, como en muchos otros países del mundo, no existe un protocolo para tratar los casos de violencia de género en medio de una emergencia sanitaria, como detalla el documento Violencia de género y feminicidios en tiempos de COVID-19 en República Dominicana, elaborado por el Observatorio Político Dominicano (OPD) en abril de 2020, esta situación “se debe, quizás, a que el país no había vivido un brote de enfermedades desde el 2011 cuando se propagó el cólera”.
Según este mismo documento la falta de un protocolo de atención a víctimas de violencia de género influyó en el número de llamadas y denuncias registradas que, en la República Dominicana, durante la cuarentena obligatoria se redujeron; contrario a lo sucedido en otros países que registraron un aumento considerable en las llamadas y denuncias por violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
En República Dominicana 150 mujeres y 251 niñas y niños menores de 13 años se vieron obligados a acudir a casas de acogida, entre el 17 de marzo y 17 de mayo de 2020, según publicó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y según datos proporcionados por el Ministerio de la Mujer entre los meses de marzo y junio, a través de la Línea Mujer *212, en total se registraron 2978 llamadas para denunciar violencia física (1094), psicológica (385), verbal (51), patrimonial (1) y en algunos casos no se informó el tipo de violencia (1447).
En ese mismo período, la Procuraduría General de la República (PGR), registró que 16 mujeres habían sido víctimas de feminicidios, pero como se explica en el informe La violencia de género en la República Dominicana el Código Penal del país “no concibe el feminicidio como un acto de crimen diferenciado”, lo que genera una problemática importante porque no existe una “clara definición que permita enmarcar cuando un asesinato es considerado feminicidio y cuando es un homicidio de mujeres”. Por ello, como se recogió en la primera fase de esta investigación organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana señalaron que el número de casos podría ser mayor.
En 2018 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó el Estudio global sobre homicidios en el que se califica a América Latina como la segunda región del mundo más letal para las mujeres después de África. En ese mismo reporte se detalla que de los 25 países con el mayor número de actos extremos de violencia contra las mujeres, 14 están en América Latina y los países de esta región con mayor tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres son: El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia (2.3), Guatemala (2.0) y República Dominicana (1.9).
Este dato llamó la atención del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, que explicó que “debido a la falta de estadística detallada y a los problemas de tipificación y conceptualización sobre el feminicidio en el actual Código Penal Dominicano, es altamente probable que la Procuraduría General de la República esté imputando alrededor de 37% menos casos de feminicidios” desde el año 2016, pues en las estadísticas proporcionadas por esta institución gubernamental existe una “reducción de un 21% de los casos de feminicidios y homicidios de mujeres reportados en el 2018”, a pesar de que la República Dominicana desde el año 2014 ocupa los primeros puestos entre los países con mayor tasa de incidencia de feminicidios de la región.
Durante el 2018, 15 países de Latinoamérica contabilizaron 3287 mujeres víctimas de feminicidio o femicidio. El informe también revela que si a la cifra recolectada sobre el número de femicidios y feminicidios registrados en esos 15 países se suman los datos de los 10 países de la región que solo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o expareja de la víctima (como en el caso de República Dominicana), el número de feminicidios para el año 2018 fue de al menos de 3529 mujeres asesinadas a causa de la violencia machista.
En República Dominicana los feminicidios de Yazmín (18 años), Yésica (21 años), Liliana (28 años), Ángela (32 años), Chantal (47 años) y de otras 11 mujeres (no identificadas) que fueron asesinadas durante la cuarentena, tristemente, solo agrandan las cifras anuales de feminicidios. Que según narró la abogada María Jesús Pola, para la revista Global, forman parte de la estadística anual que establece que aproximadamente 200 mujeres mueren a causa de la violencia machista y no son registradas ni por la Policía Nacional ni por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ambos, principales fuentes de la Procuraduría General de la República. A pesar de que existe un subregistro (pues muchos de estos casos no se traducen en denuncias), la violencia de género es el delito más denunciado en República Dominicana.
Cada día en el mundo 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia y dos de cada tres de esos asesinatos son cometidos por parejas o familiares. Es decir, el hogar es el sitio preferido para los feminicidas que antes de ejecutar la máxima expresión de violencia contra la mujer (feminicidio), también violentan física, psicológica, verbal y sexualmente a las víctimas.
En la República Dominicana el aislamiento obligatorio concluyó el 28 de junio de 2020, sin embargo, entre el 1 de enero y 7 de agosto de este año, 24 mujeres fueron asesinadas. La cifra de mujeres asesinadas en el período de cuarentena fue de 16 mujeres. Para estas 16 mujeres quedarse en casa con sus violentadores fue más mortífero que la covid-19. A ellas, la falta de aplicación de medidas y políticas públicas con perspectiva de género les costó la vida.
Por ello en medio de la pandemia provocada por la covid-19, como recomienda el Observatorio Político Dominicano (OPD), es necesario que los organismos estatales garanticen los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres que al estar aislados con sus violentadores pueden experimentar graves vulneraciones a su integridad física, psicológica, mental y sexual; y que en algunas ocasiones escala hasta llegar al asesinato por cuestiones de género.
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